Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero son seis dirigentes campesinos y políticos paraguayos que en la fecha (2 de mayo) cumplen diez años de prisión preventiva sin condena firme en cárceles argentinas y paraguayas. Sobre ellos pesa una condena de 35 años de cárcel dictada por un Tribunal paraguayo de primera instancia, confirmada por la Cámara de Apelaciones, y apelada ante la Corte Suprema de Justicia que hasta la fecha no ha resulto si confirma o anula la sentencia.
Luego de su extradición desde la República Argentina en el año 2008 fueron recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú donde hasta la fecha cumplen una prisión preventiva sin condena firme que viola ampliamente la Constitución Nacional Paraguaya y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. La prisión preventiva según la Constitución Nacional no puede ser utilizada como una condena anticipada. La condena a los seis campesinos está apelada y puede ser revocada, sin embargo, Tribunales paraguayos de primera y segunda instancia, bajo el amparo de sectores mafiosos de poder se empeñan en mantener esta arbitraria e ilegal medida “preventiva”.
Ante esto, la Asociación Gremial de Abogados (Argentina), cuyos abogados llevaron la defensa de los hoy condenados cuando en la Argentina se discutía su extradición o refugio político, ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Medida Cautelar de Urgencia que busca reparar tantos años de ilegal prisión y obligar al Estado paraguayo a excarcelar a los seis campesinos hasta tanto la máxima instancia judicial paraguaya resuelva la cuestión de fondo.
Invitamos a adherir a título personal e institucional a esta medida cautelar enviando por correo electrónico un formato de carta que copiamos más abajo a las direcciones de correo electrónico indicadas con el asunto “SOLICITAMOS URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS DE AMPARO (P-1263-12)”.
De esta manera buscamos elevar la solidaridad con estos seis luchadores populares encarcelados de manera arbitraria e ilegal por una década.
Adjuntamos en este correo electrónico el texto completo de la medida cautelar a la que hacemos referencia y un breve relato completo de la causa judicial.
CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS SEIS
Nosotros los seis dirigentes campesinos desde la cárcel de Tacumbú, hacemos llegar nuestras palabras para solicitar su solidaridad sumándose a firmar la carta de apoyo al pedido de Medidas Cautelares de Urgencia presentada a nuestro favor por la Gremial de Abogados de la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La solicitud de amparo fue presentada con fecha 28/04/2016, y en ella se solicita que la CIDH conmine al Estado paraguayo a reparar el daño que nos ha causado con una larga serie de arbitrariedades y abusos judiciales con los que nos mantiene en prisión de manera arbitraria e ilegal.
Nos despedimos dejándoles a todos/as., nuestro abrazo, nuestro cariño, confiados en la solidaridad
Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero
Se adjunta modelo de carta con sus respectivos destinatarios:
ASUNTO: SOLICITAMOS URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS DE AMPARO (P-1263-12)
Señores/as COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
Ref. P-1263-12 – Sobre medidas urgentes de amparo
Acompañamos la solicitud de dictado de urgentes medidas de amparo, presentada por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina a favor de los ciudadanos paraguayos Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero, quienes se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en la República del Paraguay.
Dichas medidas deben conminar al Estado paraguayo a poner término a los graves e irreparables daños ocasionados contra los ciudadanos mencionados debidos a las continuas y reiteradas violaciones a las garantías procesales cometidas en su contra.
Estos ciudadanos llevan a la fecha, prácticamente 11 años sometidos a proceso penal; están a días de cumplir 10 años detenidos; luego de ser extraditados desde Argentina, estuvieron 3 años y 3 meses esperando ser sometidos a juicio; y a 3 años y 9 meses de habérseles dictado sentencia, el fallo aún no se encuentra firme.
Urge el dictado de medidas de protección por parte de la CIDH
Atentamente
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