La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar a la opinión pública nacional e internacional su profunda consternación y decepción por la resolución de la Corte Suprema en relación al recurso de nulidad del juicio seguido a un conjunto de comuneros mapuche. Es ampliamente conocida la gran cantidad de irregularidades que los fiscales y policías han cometido contra los acusados en su afán de lograr sus condenas. El uso abusivo de la ley antiterrorista es el ejemplo más patente de que en Chile, el Estado de derecho es aún una demanda insatisfecha.
La resolución de la Corte Suprema, emitida el viernes 3 de junio de 2011, es inaceptable porque elude pronunciarse sobre el tema de fondo respecto de la nulidad de lo obrado dado que avala el uso de la Ley Antiterrorista para reprimir y castigar la legítima protesta social. Las comunidades mapuche han luchado por sus reivindicaciones históricas y corresponde al Estado chileno resolverlas.
Repudiamos la existencia y aplicación de la Ley Antiterrorista porque es la expresión extrema de un marco legal utilizado por el estado para criminalizar a quienes manifiestan sus anhelos de un mundo mejor por la vía de la movilización y la protesta. Las demandas históricas del pueblo mapuche son resultado de políticas aplicadas con extrema violencia que han significado la sistemática vulneración de los derechos de todo un pueblo.
Es más irritante este tipo de resoluciones cuando las mismas causas fueron absueltas por el Tribunal Militar de Valdivia y la Corte de Apelaciones de Concepción. Ambas instancias declararon la inocencia de quienes aparecen como culpables en la resolución de la Corte Suprema en una clara demostración de la extrema degradación que provoca en la justicia el uso de los testigos sin rostro. Al validar su testimonio, la Corte Suprema se hace cómplice de una aberración jurídica y se hace partícipe de una gran injusticia.
Con esta resolución, la Corte Suprema como Poder del Estado incumple sus obligaciones que surgen de los convenios internacionales suscritos. Los Relatores Especiales para los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han manifestado reiteradamente al Estado de Chile su obligación de ajustar la legislación al derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Ley N° 18.314 que Sanciona Conductas Terroristas, conocida como la Ley Antiterrorista.
De igual manera repudiamos la actitud del Gobierno de Chile que, a través de un abogado del Ministerio del Interior, solicitó a la Corte Suprema la no anulación de este juicio demostrando, en la práctica, la mala fe con que actuó cuando firmó el acuerdo que terminó con la anterior huelga de hambre.
Finalmente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos llama a las organizaciones sociales, políticas, culturales a expresar su solidaridad con las organizaciones y comunidades del pueblo mapuche en sus intentos de revertir la injusticia cometida.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Santiago, 06 de junio de 2011
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