No al Indulto, NO A LA IMPUNIDAD

El Observatorio de la Escuela de las Américas adhiere la declaración del Comité Oscar Romero y apoya la lucha de la AFEP y AFDD en contra de indultos a violadores de los derechos humanos.

*Carta a los obispos de la Iglesia Católica de Chile, frente a la petición de indulto para violadores de derechos humanos.*

I

Nadie ignora el papel decisivo que la Iglesia Católica ha jugado en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de sus violaciones. Los llamados regímenes “de excepción” e inspirados en la ideología de la “Seguridad Nacional”, ha llevado a la Iglesia a una gran actividad en este campo profético.

El dinamismo de la fe ha llevado a los obispos a la lectura atenta y eficaz de los “signos de los tiempos”. En 1963, Juan XXIII en la encíclica PACEM IN TERRIS, reconoció el proceso histórico que había llevado a formular la declaración sobre la dignidad, libertad e igualdad de todo ser humano y reafirmó la adhesión sincera de la Iglesia a toda proclamación fundada sobre el hecho que todo hombre es persona.

Por su parte, la constitución pastoral GAUDIUM ET SPES pone en evidencia que la promoción del hombre, mediante la afirmación de sus derechos fundamentales, no puede realizarse sino en una comunidad civil organizada jurídica y políticamente.

En este mismo espíritu, el Sínodo de los Obispos de 1971, sobre LA JUSTICIA EN EL MUNDO, plantea que “la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva”. (Nº 6). El llamado sinodal “invita a dar esperanza a los oprimidos e insiste sobre el principio que “la reconciliación exige la justicia”. (“Derechos del hombre y reconciliación”. Llamado del Sínodo de los Obispos 1974, aprobado el 23 de octubre a mano levantada. En L”OSSERVATORE ROMANO, 3 de noviembre de 1974, Nº 44, pág. 16).

II

En Chile, tras la dictadura militar que se impuso por la fuerza entre 1973 y 1990, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en marzo de 1991, se estableció que las víctimas de violación de los derechos humanos calificadas fueron 2.920 casos, además de 641 casos en que la Comisión no pudo formarse convicción. De estos, 957 personas de las que consta que fueron detenidas por agentes del Estado y desaparecieron.

Años más tarde, durante la detención del general Pinochet en Londres, se conformó la llamada MESA DE DIALOGO, que no tuvo un final feliz debido a que uno de los representantes de las FFAA había participado de violaciones a los derechos humanos y, además, formalmente las instituciones de la defensa nacional reconocieron que habían cometido los crímenes de los que eran acusados y que un listado de detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar y a los ríos. Se nombraron jueces especiales. Se desmantelaron entierros clandestinos de la llamada Operación TRASLADO DE TELEVISORES. Se realizó la reconstitución de algunos crímenes, lo que entonces significó el proceso a 317 oficiales.

En agosto de 2003, en el marco de los 30 años del Golpe de Estado y tras las campañas de la Comisión Ética contra la Tortura, el gobierno de la época planteó la propuesta NO HAY MAÑANA SIN AYER, que dio paso a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como COMISION VALECH, por haber sido presidida por el obispo Sergio Valech.

III

La Comisión Valech recibió el testimonio de 35.868 sobrevivientes de tortura, de los que calificaron 27.255. Se utilizaron como prisiones 1.132 recintos: prefecturas, comisarías, subcomisarías, tenencias, cuartes, regimientos, escuelas matrices, estadios, gimnasios, casas patronales, fábricas, edificios de instituciones públicas, hospitales, maestranzas, bases aéreas y navales, cárceles de hombres y mujeres, estaciones ferroviarias, embarcaciones de la Armada y de la marina mercantes, campos de prisioneros, ex oficinas salitreras, fiscalías militares, intendencias, liceos y universidades.

Dice textualmente el Informe Valech: “No escapa a nuestro estupor constatar cuántas personas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de edad, personas que vieron sus vidas literalmente tronchadas. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progenitores tan cambiados, con los nervios destruidos y con temores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, porque después de la prisión y la tortura no encontraron trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón, tampoco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el bienestar a lo que estos tenían aspiración y derecho”.

Agrega el citado Informe: “La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado”. De las denunciantes, 316 dijeron haber sido violadas. 20 mujeres embarazadas abortaron. 15 tuvieron a sus hijos en prisión. 13 quedaron embarazadas de sus violadores. 6 de ellas LLEGARON CON SUS EMBARAZOS A TERMINO. Hubo hombres que relataron haber sido abusados sexualmente. Hubo numerosas denuncias de violaciones colectivas (a hombres y mujeres). En ciertos casos, las violaciones se produjeron ante familiares.

De los denunciantes, 1.000 tenían menos de 18 años al ser detenidos, acusados de terrorismo y subversión. 766 tenían entre 16 y 17 años. 226, entre 13 y 15. 88 tenían 12 años o menos. 87 permanecieron en recintos secretos donde sus padres eran torturados. 11 niños compartieron cautiverio con sus madres.

IV

Con lo antes descrito, y que es sólo un barniz de la realidad, es inaceptable que los obispos de la Iglesia Católica soliciten indulto para violadores de derechos humanos, porque hasta ahora no ha habido verdad, ni justicia ni reparación. Además, se ha reiterado que el derecho internacional estipula que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Y la legislación nacional está subordinada al derecho internacional. Por tanto, la transgresión de la legislación internacional convertiría a la Conferencia Episcopal en cómplice de delitos y en aval de un genocidio, que es lo que efectivamente sucedió en Chile bajo la dictadura militar.

La impunidad de quienes cometieron crímenes es el medio para que la historia se repita.

El Dios cristiano es el restaurador de la justicia a favor de los marginados, a quienes la sociedad niega el acceso a la justicia que merecen. La Iglesia, para continuar el ministerio de Cristo y dar testimonio del Dios de la vida, debe apoyar todo lo que ayude a la verdad y a la justicia, y oponerse a la mentira y a la impunidad que propician las fuerzas del egoísmo, la prepotencia y la crueldad, porque esas son las fuerzas del pecado y de la muerte que desgarran la convivencia humana.

COMITÉ OSCAR ROMERO-CHILE.

Adhiere: Observatorio de la Escuela de las Américas

Santiago de Chile, 23 de julio de 2010