Hervi Lara* – Maduro asumió la presidencia provisional de la República Bolivariana de Venezuela el 8 de marzo de 2013, tras el deceso de Chávez. El 14 de abril siguiente, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un período de seis años, esto es, hasta el año 2019, con una diferencia de 200 mil votos sobre su contendor, Enrique Capriles.
Desde 1999, en este país ha habido cuatro elecciones presidenciales, más una que dio el primer triunfo a Chávez. Han seguido cuatro elecciones parlamentarias, seis regionales, siete municipales, dos para Asamblea Nacional Constituyente, a lo que se agregan seis referendos. La oposición al chavismo ha ganado sólo en dos oportunidades. Dicha oposición está liderada por el MUD, integrado por 19 partidos que actúan con total libertad e impunidad.
No obstante, la situación geoestratégica de Venezuela la ha llevado a que el Socialismo del Siglo XXI padezca un permanente acoso internacional liderado por USA, bloqueando toda posibilidad de desarrollo normal y pretendiendo doblegar al pueblo por el hambre y la violencia. El boicot a los alimentos y los medicamentos llevan consigo la inflación y la especulación, para hacer sufrir a los pueblos tal como sucedió en Chile entre 1970 y 1973. En Nicaragua, entre 1979 y 1990. Y en Cuba, desde 1979 hasta hoy.
En este contexto y como camino de superación de la crisis, el Presidente Maduro convocó a Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el día 30 de julio, tras cuatro meses de protestas violentas que han dejado más de 100 muertos (20 de ellos quemados vivos por tener rasgos “chavistas”), miles de heridos, decenas de edificios públicos y negocios destruidos.
La Asamblea Nacional Constituyente se hizo de acuerdo a la Constitución de Venezuela
La oposición realizó campañas de amenazas para amedrentar a la gente y no asistiera a votar a través del control de los edificios, el bloqueo de avenidas con montañas de basuras y escombros. Durante las horas de votación, atacaron más de 200 centros electorales y destruyeron máquinas de votación. Insisten en afirmar, sin fundamentos ni argumentaciones, que la ANC llevará al país a una reforma que amoldará la nación a los intereses de Maduro: perpetuarse en el poder.
Pero el pueblo reconoce que la Revolución Bolivariana le ha permitido “pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas” y que la ANC significa auténtica democracia, esto es, poder popular. Se incorpora la valides del Estado comunal, expresado en el autogobierno territorial donde el poder es ejercido por el pueblo. Nadie puede desconocer que en el lapso de cinco años han sido construidas un millón setecientas mil viviendas sociales a través de la Misión Vivienda. Son departamentos de superficie mayor a 70m2 en toda la ciudad, lo que ha “horrorizado” a la pequeña burguesía. Tampoco se puede dejar de considerar que la ANC posibilitará la salud, la educación y la alimentación por vía institucional, además de abrir espacios de participación en los territorios, así como a los distintos sectores sociales e indígenas. Estos últimos tienen derecho a ocho cupos, sobre los tres cupos que tenían anteriormente. De esta manera, se superarán los actuales problemas propios de un capitalismo de Estado, la monoproducción, la dependencia, la delincuencia y se podrá acceder a la soberanía alimentaria. Es lo que tanto hoy como ayer se denomina Buen Vivir.
Es allí donde radica el arraigo del chavismo, lo que condujo a una votación de 8.089.320 personas que votaron por la paz y en repudio a la violencia de la oposición golpista. Los votos están certificados por cédula electoral y el control de huellas dactilares de cada uno de los votantes. Es clara la diferencia con la votación convocada por el MUD el 16 de julio, oportunidad en que hubo votantes con y sin documentos y, al final, quemaron los registros.
El ex presidente de USA, James Carter, quien dirige una entidad de observación de eventos electorales, afirmó que “de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral de Venezuela es el mejor del mundo”.
Pero el “terrorismo mediático” insiste en que la Revolución Bolivariana ha sido negligente en participación y protagonismo popular e insisten en un golpe de Estado para sacar a Maduro. Es así como el proceso electoral de la ANC lo califican como fraude y que Maduro habría inventado los ocho millones de votos. La condena es encabezada por USA y Brasil, acompañados por Argentina, Canadá, Colombia, México, Paraguay, Costa Rica, España, Panamá, Perú y CHILE. Los gobiernos de estos países, abiertamente neoliberales y obedientes a USA, han declarado a la ANC como “ilegítima” e instan a Maduro a “cumplir sus obligaciones internacionales” para respetar el sufragio universal y el principio de soberanía popular.
USA junto a sus aliados ha presionado al gobierno venezolano a favor de la oposición a través de la OEA. No ha habido intervención armada de USA porque Rusia y China tienen inversiones en Venezuela en la industria, en la agricultura, en el petróleo y en el ámbito militar. Con otras potencias en el camino, USA no se ha atrevido a atacar.
Los gobiernos antichavistas se olvidan que, por ejemplo, en lo que va corrido del año en México han sido asesinados ocho periodistas y en 2016 fueron asesinados otros 57 profesionales de la prensa, sin contar los miles crímenes de la narco-politica, como los estudiantes de Ayotzinapa. En Argentina, la economía está en profunda crisis. En Colombia, hay siete y medio millones de desplazados por el ejército y los paramilitares. En Perú, la entrega de las riquezas naturales no ha escatimado en daños al pueblo. En Chile, es imparable la deslegitimación del sistema político y el incremento de las protestas sociales.
La oposición venezolana y los gobiernos que la apoyan exigen “libertad de prensa” en un país en que la mayoría de los medios se encuentra en manos privadas. En 2014 existían 2.896 medios de prensa, de los que el 65,18 % eran privados. El 30,76% comunitario. Y sólo el 3,22% era de propiedad pública.Los medios privados defienden a los “presos políticos” como Leopoldo López, quien ha liderado el llamado Plan La Salida y que está preso por impulsar y participar de incendios y daños como parte de su plan para derrocar a Maduro.
Lo que pretenden los opositores a la Revolución Bolvariana es retrotraer a Venezuela al neoliberalismo, a la economía de mercado y a un pacto interoligárquico, sin aportar argumentos, sino sólo violencia, sabotaje y sedición golpista, quemando urnas de la votación de la ANC, instalando barricadas y lanzando bombas incendiarias. Su proyecto es reducir la Revolución Bolivariana a cenizas y aniquilar a sus adherentes.
Lo explicita Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y actualmente preso por sedición, al afirmar que “Augusto Pinochet era un demócrata al servicio de su pueblo”.
La oposición está dividida en dos sectores, lo que ha contribuido a su pérdida de terreno. Hay un sector que acepta el diálogo. Pero domina el sector opuesto al diálogo y que sólo quiere derrocar a Maduro. Este sector conspira desde el 11 de abril de 2002 y es liderado por Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Freddy Guevara, Julio Borges, María Corina Machado. Esta última fue una de las firmantes del Acta de Juramentación de la Junta que presidió Carmona al dar un golpe de Estado al Presidente Chávez. En dicha Acta se establecía la cancelación de las libertades públicas y la abolición de todas las leyes originadas en el chavismo.
En febrero de 2014, Leopoldo López lideró la Operación La Salida, usando tácticas violentas que aparecen en los manuales de la CIA: atentados a instalaciones públicas y a autobuses, barricadas armadas (“guarimbas”), matanzas indiscriminadas para aterrorizar a la población. Dicho Plan dejó 43 muertos. López fue llevado a prisión, pero recibió una condena de 13 años, 9 meses, 7 días, 12 horas. Hace algunas semanas se le benefició con arresto domiciliario, que luego perdió dicho beneficio por transgredir la norma de no efectuar actividad política.
En abril de 2014 se realizó la segunda fase de la sedición, de acuerdo a las enseñanzas de la CIA: incremento de la violencia, bombas sobre jardines infantiles y hospitales, fueron quemadas vivas personas de color “incorrecto”. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional solicitó la intervención armada de USA, entrevistándose con el almirante Kart Tidd, jefe del Comando Sur del Ejército de USA. Borges regresó al país y su acto antipatriótico quedó impune.
Mike Pompeo, director de la CIA, dirigiéndose al Foro de Seguridad convocado por el Aspen Institute dijo: “estamos muy esperanzados de que puede haber una transición en Venezuela y nosotros –la CIA-, está dando lo mejor de sí para entender la dinámica allá para que podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado y a otros, los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México y en Bogotá, la semana antepasada, hablando exactamente sobre este tema, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para obtener un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo”.
El 1º de agosto pasado, Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump, afirmó lo siguiente: “estamos evaluando todas nuestras opciones de política acerca de lo que nosotros podemos hacer para crear un cambio de condiciones donde o bien Maduro decida que ya no tiene futuro y quiere marcharse por voluntad propia o nosotros podemos hacer que los procesos gubernamentales en Venezuela vuelvan a lo que marca su Constitución”. Tillerson aludía a las intervenciones de USA en Guatemala (1954). Brasil (1964), República Dominicana (1965), CHILE (1973), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil recientemente, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Cuba desde siempre, Filipinas, Puerto Rico, Palestina, Medio Oriente, etc…
Más explícito ha sido David Smilde quien, a través del “New York Times” ha marcado la “hoja de ruta” después de la votación de la ANC: “Los países de la región deben coordinarse y pronunciarse como unidad, señalando que no reconocerán como legítima la ANC de Maduro, la Constitución que ésta redacte ni el gobierno que cree. Esto dificultará que Venezuela obtenga financiamiento. Las sanciones deben ser colectivas”.
Muy obedientes, los cancilleres de CHILE, Colombia, Brasil, México, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Perú, se reunieron el 8 de agosto en Lima para evaluar la situación de Venezuela y emitieron la declaración ordenada por su “amo”.
A esta altura y ya avergonzado, un público opositor al chavismo, Boaventura de Sousa Santos, profesor de la Universidad de Wisconsin, connotado jurista y sociólogo, afirmó: “El gobierno de la Revolución Bolivariana es democráticamente legítimo y el Presidente Maduro tiene legitimidad constitucional para convocar a la Asamblea Constituyente”.
No podría faltar un nuevo espectáculo de “apresto” bélico, además del anterior bombardeo sobre edificios públicos desde un helicóptero. El 6 de agosto el ejército bolivariano controló un nuevo ataque terrorista contra el Fuerte Paramacay en Valencia: un ex capitán desertor de la GNB, Guaicaipuriano Scott, residente en USA, en complicidad con un teniente de comando y 25 efectivos que incluían a civiles disfrazados de militares. Estos terroristas emitieron un video en el que hablaba un oficial dado de baja hace tres años y que había sido grabado en USA.
La prensa “seria” no ha difundido la declaración de 57 países reunidos en Ginebra que, en el punto 3 señala: “Apoyamos al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en su compromiso de preservar la paz y mantener la institucionalidad democrática en el país, así como su determinación de garantizar la plena observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de Venezuela”. Y en el punto 7: “Condenamos cualquier acción que perturbe la paz, la tranquilidad y la estabilidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela y que amenace su soberanía”.
Los auténticos demócratas debemos defender la soberanía de un país que es agredido por la llamada “comunidad internacional”, agresión que obsesiona al gobierno de Chile y a su canciller, también agresor permanente del gobierno de Evo Morales. No es éticamente válido pretender neutralidad en medio de la polarización, poniendo en un mismo nivel a un gobierno legítimo y a una oposición fascista que es monitoreada desde USA y sus satélites, como lo ha hecho la Presidenta Bachelet. La caída del gobierno de Maduro anularía todos los avances sociales desarrollados en el chavismo y se produciría un genocidio sobre el pueblo y los dirigentes y adherentes de la Revolución Bolivariana. Los gobernantes de Chile y todos los chilenos estamos conscientes, por experiencia, que esa posibilidad es innegable.
La Revolución Bolivariana significa un proyecto histórico de soberanía, de identidad, de superación de la dependencia de los organismos financieros internacionales y el establecimiento de un mundo multilateral. Es el destino de América Latina el que está en juego. Dice el Talmud: “Quien salva a un hombre, salva a la humanidad”. Cada uno debe responder ante su conciencia.
* Hervi Lara es de la Comisión Ética Contra la Tortura y colaborador de la revista El Derecho de Vivir en Paz
Santiago de Chile, 9 de agosto de 2017.
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