Este 2 de marzo se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres, y los que dieron la orden para asesinar a Berta están en plena libertad.
El Estado de Honduras se ha negado aceptar una Comisión Independiente, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su lugar prefiere una investigación secreta donde se han denunciado numerosas irregularidades ¿A quiénes están protegiendo?, nos preguntamos.
Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas en este caso; todos con responsabilidad de autores materiales o intermediarios. Ninguno parece ser quien dio la orden de asesinar a Berta.
Dentro de ellos figuró, un oficial de la inteligencia militar, en servicio activo en las Fuerzas Armadas hondureñas, y dos ex militares.
De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos tuvieron entrenamiento militar en los Estados Unidos. El mayor Mariano Díaz Chávez era de las Fuerzas Especiales hondureñas, fue instructor de la Policía Militar del Orden Público, participó de misiones oficiales en Irak y el Sahara, y recibió entrenamiento dos veces en los EEUU – incluso entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU – además de cursos de contra-insurgencia en Honduras.
El ex-teniente Douglas Giovanny Bustillo, otro de los implicados, también era ex-jefe de seguridad del Proyecto Agua Zarca, a lo cual Berta se oponía. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas en 1997.
El año pasado, el Diario The Guardian informó que un ex soldado hondureño, miembro de una unidad de élite, dijo que había visto el nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló dentro del ejército.
Según The Guardian, Díaz Chávez y otro implicado, Henry Javier Hernández, quien admitió estar involucrado, estaban juntos en el XV Batallón en el Bajo Aguan, la misma región donde estaba estacionado el ex soldado vio la “lista negra”.
Pese a que un informe de Global Witness señaló a “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, donde, desde el golpe de Estado de 2009, han sido asesinadas 123 activistas, EEUU mantiene bases militares en Honduras, entre ellas “Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo” un batallón completo que opera en la Base Aérea Soto Cano, y sigue dando entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas hondureñas con un enfoque en las Fuerzas Especiales.
Increíblemente, Honduras saltó, el año 2016, al segundo lugar de los países que más soldados envían a entrenamiento a la Escuela de las Américas, registrando 261 envíos. Además, los EEUU acaba de firmar un acuerdo con Honduras para desembolsar los primeros 125 millones de dólares del “Plan Alianza para la Prosperidad” conocido como el “Plan Colombia” para Centro América.
Para los defensores de derechos humanos, para los investigadores, para los historiadores no es novedad que a mayor ayuda militar y entrenamiento de EEUU a los ejércitos de América Latina es mayor la incidencia de asesinatos, desapariciones y casos de abuso y violencia.
A un año de la muerte de Berta Cáceres y de tantos que han perdido sus vidas, por la violencia y la nefasta política exterior de los EEUU, volvemos a exigir el fin del entrenamiento militar de los EEUU en América Latina, tanto en la Escuela de las Américas como en tantos otros lugares.
Volvemos a exigir el fin de la ayuda militar y de “seguridad” de EEUU a Honduras y el fin de la militarización y de la imposición de un modelo económico neoliberal en este país.
Respaldamos la exigencia del COPINH y de la familia de Berta Cáceres para una Comisión Independiente e Internacional para investigar a los verdaderos responsables del asesinato de Berta.
Mientras no se investigue ni castigue a las estructuras del poder que están detrás del asesinato de Berta Cáceres, seguirán libres para seguir asesinado a las y los luchadores sociales en Honduras.
Exigimos el fin de las amenazas, ataques, y criminalización contra el COPINH y todo el movimiento social de Honduras.
Manifestamos nuestra amplia solidaridad con todos los movimientos sociales y de derechos humanos hondureños que siguen clamando justicia para todas y todos los que han sido asesinados o desaparecidos en este país.
En Solidaridad,
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