martes, octubre 26, 2010
martes, octubre 12, 2010
Declaración
La huelga de hambre de los presos políticos mapuche, es una interpelación de Dios al pueblo chileno.
La lucha solidaria por la justicia consiste en la toma de conciencia de los derechos atropellados y de la responsabilidad solidaria de los oprimidos en su propia liberación. Es esta perspectiva la que debe guiar la conversión de la Iglesia, abriéndose a las grandes mayorías, comprometiéndose en la lucha solidaria por la defensa de los valores de los pobres y por la conquista de sus derechos.
No es moralmente válido continuar aceptando la realidad socioeconómica y política, nacional e internacional, que mantiene a las grandes masas en situación de inhumana pobreza e intolerable opresión.
La mantención y la reproducción del actual sistema nos impide conocer a Dios, buscar su rostro y hacer su voluntad, dando la espalda a lo que está sucediendo en nuestra historia.
El Evangelio nos exige penetrar más allá de los hechos episódicos y de los fenómenos de superficie, para analizar los procesos y los sistemas que configuran las raíces estructurales del mal llamado “conflicto mapuche”, y para desenmascarar las tergiversaciones, los mitos colectivos y los falsos valores con que se pretende encubrir o justificar la exclusión de quienes son los auténticos dueños de esta tierra.
La Ley Antiterrorista viola las garantías procesales establecidas en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso, siendo inadmisible la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, transgrediendo así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de Seguridad Nacional.
Siguiendo el testimonio de San Romero de América, profeta y mártir, manifestamos nuestra solidaridad con los presos políticos mapuche que mantuvieron tan larga huelga de hambre y con todo el pueblo mapuche, con quienes Chile mantiene una deuda histórica que se niega a pagar. En situaciones muy similares a las que hoy estamos viviendo, Monseñor Romero mantuvo la esperanza, identificándose con aquellos que los poderosos tienden a desplazar, a dejar como mano de obra barata o como desecho, como masa desarticulada y pasiva, y así organizar y regir por ellos un mundo para su propia satisfacción.
El testimonio de sacrificio de los comuneros mapuche en huelga de hambre ha permitido visibilizar la existencia de su pueblo; limitar la jurisdicción de la Justicia Militar; acceso de los defensores a las acusaciones y a interrogar a los “testigos sin rostro”; desenmascarar a los fiscales especiales; y, en especial, ha abierto las puertas para iniciar con mayor seriedad y respeto que en el pasado, el proceso de recuperación de sus tierras, así como el derecho al medio ambiente sano, a la alteridad, a la desmilitarización territorial de sus comunidades y, sobre todo, la desjudicialización de las reivindicaciones sociales y culturales.
Por lo obtenido hasta ahora, y por la inmensa solidaridad nacional e internacional en apoyo sus justas reivindicaciones, agradecemos de corazón a los comuneros que ayer hayan dado termino a la huelga de hambre. Confiamos en su recuperación y que a la brevedad retomen sus vidas para encabezar a su pueblo en esta nueva etapa, en la que mantenemos nuestra preocupación por que los acuerdos asumidos, vayan efectivamente en pro del respeto del pueblo mapuche y su reconocimiento como tal.
Mantenemos la esperanza, aun frente a tantos signos de abuso o menosprecio, y repetimos con Romero: “Creamos como creyó el profeta cuando a los cautivos de Babilonia les anunciaba una libertad que no parecía llegar y llegó, porque Dios no es mentiroso”. No obstante, la voluntad de Dios se canaliza a través de quienes nos decimos sus seguidores. Y es por ello que, siguiendo a Romero, consideramos que “urge que las organizaciones populares vayan madurando para que cumplan su misión de llegar a ser intérpretes de la voluntad del pueblo”. (Homilía de 24-2-80).
Santiago de Chile, 12 de octubre de 2010.
FRATERNIDAD LAICA CARLOS DE FOUCOULD/CHILEREVISTA REFLEXION Y LIBERACION
REFLEXION CRISTIANA VALPARAISO
OBSERVATORIO POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE LAS AMERICAS
SERPAJ CHILEOFICINA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION DE LA SOCIEDAD DE SN COLUMBANO
AMERINDIA CHILE
COMITE OBISPO OSCAR ROMERO de CHILE
viernes, septiembre 24, 2010
Carta a Piñera
Viernes 24 de septiembre de 2010Sr.Sebastián Piñera
Presidente de la República de Chile
Presente
Señor Presidente:
Profundamente conmovidos por la extensa huelga de hambre que sostienen 32 comuneros mapuche y 2 adolescentes -también miembros de este pueblo- presos en distintas cárceles y centros de reclusión en la zona sur de nuestro país, un conjunto de organizaciones y personalidades de diversos ámbitos de nuestra sociedad concurrimos a entregarle esta carta para solicitar se disponga de inmediato la participación del gobierno en una Mesa de Diálogo abocada a solucionar esta dramática situación que ya se extiende por largos 75 días, desde el pasado 12 de julio.
Tanto los mapuches en huelga, como sus familiares, han consentido en que esta mesa sea la que encabeza el Arzobispo Ezzati, por brindarles todas las confianzas necesarias como mediador objetivo de las conversaciones que lleven adelante. Sin embargo, hemos visto con decepción como hasta ahora su gobierno ha declinado a formar parte de esta instancia, más aún, convoca a una nueva mesa que también llama de diálogo, pero cuyos objetivos se circunscriben en el desarrollo de políticas públicas para enfrentar situaciones de pobreza desde la inversión privada y pública.
Señor Presidente, para nosotros y nosotras, hombres y mujeres de vida religiosa, artística, política, cultural, académica y social no hay razón válida que impida al ejecutivo tomar la decisión de sentarse en esta instancia a dialogar sobre las diferentes propuestas que puedan surgir para solucionar esta huelga, así como para acoger distintas miradas acerca de las graves situaciones que el pueblo mapuche ha vivido durante siglos.
Una huelga de hambre no es una decisión que se tome a la ligera, no es producto de un arrebato ni de un mero intento de llamar la atención. Una huelga de hambre es una acción de profundo contenido ético y como tal debe ser tratado. Además de constituir una acción de protesta legítima de acuerdo al Convenio de Malta y, por tanto, un acto que contradice a este derecho es la alimentación forzada.
Es nuestra opinión, finalmente, que condicionar –como se ha hecho- el diálogo al término de la huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche, sólo agrava la situación y polariza innecesariamente las posiciones.
Señor Presidente, la situación es de extrema gravedad y urgencia. Nunca es tarde para recapacitar, y enmendar las acciones emprendidas. En particular frente a una demanda justa que usted mismo ha reconocido como tal, al enviar proyectos de ley para modificar el Código Militar y la Ley Antiterrorista. Siendo, por lo mismo, del todo congruente que los mapuche no sean juzgados por estas legislaciones imperfectas y contrarias a derechos humanos, que es lo que piden.
La instalación de una verdadera y transparente mesa de diálogo, que procure de modo decidido una pronta solución a estas demandas, se hace cada vez más urgente y prioritaria. Si lo que se quiere es avanzar en dar respuesta a la “deuda histórica con nuestros pueblos originarios”, deuda que usted también ha reconocido, pero sobre todo en las demandas actuales y puntualmente la de los huelguistas, antes de que se desencadenen desenlaces fatales e irremediables.
Es por ello que 34 ciudadanos y ciudadanas de diversos ámbitos del mundo social nos decidimos a entregar esta carta, que también suscriben otras personalidades a nivel nacional e internacional, así como a ocupar el espacio público de la “Plaza de la Ciudadanía”, para visibilizar la crítica situación de salud de los huelguistas mapuche, solidarizar con ellos, y demandar de su gobierno un diálogo real, conducente a obtener acuerdos.
1.- Roberto Márquez, músico, Illapu
2.- Luis Lebert, músico, Santiago del Nuevo Extremo
3.- Juan Ayala, músico, Juana Fe
4.- Francisco Villa, músico
5.- Clarita Parra, músico
6.- Mauricio Diocares, actor
7.- Soledad Pérez, actriz
8.- Grimanesa Jiménez, actriz
9.- Gloria Konig, Directora Ejecutiva Fundación Víctor Jara
10.- Patricio Quevedo, Productor Teatral y miembro de Amnistía Internacional-Chile
11.- Maxine Lowy, activista de derechos humanos
12.- Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos
13.- Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos
14.- Paulina Acevedo, periodista, Comunicadora en Derechos Humanos, miembro del Observatorio Ciudadano
15.- Claudio Escobar, ciudadano defensor de Derechos Humanos
16.- Patricio Vejar, Observatorio Escuela de las Américas
17.- Alicia Lira, presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
18.- Juanita Aguilera, Comisión Ética Contra la Tortura
19.- Carlos Muñoz Reyes de la Red de ONG-s de Infancia
20.- Flavia Liberona, integrante del directorio de ACCIÓN A.G. y directora de Fundación Terram
21.- Gilda Luongo, vicepresidenta Corporación la Morada
22.- Rolando Jiménez, presidente MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual)
23.- Manuel Guerrero, concejal Ñuñoa
24.- Julio Sarmiento, presidente FECH (Federación de Estudiantes Universidad de Chile)
25.- Juanita Albornoz, pastora evangélica, presidenta Mesa CLAI-Chile (Consejo Latinoamericano de Iglesias)
26.- Andrea de Lourdes, Inanlamngen, Equipo de las Nuevas Generaciones, CONFERRE (Conferencia de Superiores y Superioras Mayores de Religiosos y Religiosas de Chile)
27.- Fernando Aliaga, Presidente Directorio SERPAJ-Chile (Servicio de Paz y Justicia)
jueves, septiembre 23, 2010
martes, agosto 17, 2010
miércoles, julio 28, 2010
viernes, julio 23, 2010
No al Indulto, NO A LA IMPUNIDAD
El Observatorio de la Escuela de las Américas adhiere la declaración del Comité Oscar Romero y apoya la lucha de la AFEP y AFDD en contra de indultos a violadores de los derechos humanos.
*Carta a los obispos de la Iglesia Católica de Chile, frente a la petición de indulto para violadores de derechos humanos.*
I
Nadie ignora el papel decisivo que la Iglesia Católica ha jugado en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de sus violaciones. Los llamados regímenes “de excepción” e inspirados en la ideología de la “Seguridad Nacional”, ha llevado a la Iglesia a una gran actividad en este campo profético.
El dinamismo de la fe ha llevado a los obispos a la lectura atenta y eficaz de los “signos de los tiempos”. En 1963, Juan XXIII en la encíclica PACEM IN TERRIS, reconoció el proceso histórico que había llevado a formular la declaración sobre la dignidad, libertad e igualdad de todo ser humano y reafirmó la adhesión sincera de la Iglesia a toda proclamación fundada sobre el hecho que todo hombre es persona.
Por su parte, la constitución pastoral GAUDIUM ET SPES pone en evidencia que la promoción del hombre, mediante la afirmación de sus derechos fundamentales, no puede realizarse sino en una comunidad civil organizada jurídica y políticamente.
En este mismo espíritu, el Sínodo de los Obispos de 1971, sobre LA JUSTICIA EN EL MUNDO, plantea que “la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva”. (Nº 6). El llamado sinodal “invita a dar esperanza a los oprimidos e insiste sobre el principio que “la reconciliación exige la justicia”. (“Derechos del hombre y reconciliación”. Llamado del Sínodo de los Obispos 1974, aprobado el 23 de octubre a mano levantada. En L”OSSERVATORE ROMANO, 3 de noviembre de 1974, Nº 44, pág. 16).
II
En Chile, tras la dictadura militar que se impuso por la fuerza entre 1973 y 1990, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en marzo de 1991, se estableció que las víctimas de violación de los derechos humanos calificadas fueron 2.920 casos, además de 641 casos en que la Comisión no pudo formarse convicción. De estos, 957 personas de las que consta que fueron detenidas por agentes del Estado y desaparecieron.
Años más tarde, durante la detención del general Pinochet en Londres, se conformó la llamada MESA DE DIALOGO, que no tuvo un final feliz debido a que uno de los representantes de las FFAA había participado de violaciones a los derechos humanos y, además, formalmente las instituciones de la defensa nacional reconocieron que habían cometido los crímenes de los que eran acusados y que un listado de detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar y a los ríos. Se nombraron jueces especiales. Se desmantelaron entierros clandestinos de la llamada Operación TRASLADO DE TELEVISORES. Se realizó la reconstitución de algunos crímenes, lo que entonces significó el proceso a 317 oficiales.
En agosto de 2003, en el marco de los 30 años del Golpe de Estado y tras las campañas de la Comisión Ética contra la Tortura, el gobierno de la época planteó la propuesta NO HAY MAÑANA SIN AYER, que dio paso a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como COMISION VALECH, por haber sido presidida por el obispo Sergio Valech.
III
La Comisión Valech recibió el testimonio de 35.868 sobrevivientes de tortura, de los que calificaron 27.255. Se utilizaron como prisiones 1.132 recintos: prefecturas, comisarías, subcomisarías, tenencias, cuartes, regimientos, escuelas matrices, estadios, gimnasios, casas patronales, fábricas, edificios de instituciones públicas, hospitales, maestranzas, bases aéreas y navales, cárceles de hombres y mujeres, estaciones ferroviarias, embarcaciones de la Armada y de la marina mercantes, campos de prisioneros, ex oficinas salitreras, fiscalías militares, intendencias, liceos y universidades.
Dice textualmente el Informe Valech: “No escapa a nuestro estupor constatar cuántas personas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de edad, personas que vieron sus vidas literalmente tronchadas. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progenitores tan cambiados, con los nervios destruidos y con temores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, porque después de la prisión y la tortura no encontraron trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón, tampoco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el bienestar a lo que estos tenían aspiración y derecho”.
Agrega el citado Informe: “La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado”. De las denunciantes, 316 dijeron haber sido violadas. 20 mujeres embarazadas abortaron. 15 tuvieron a sus hijos en prisión. 13 quedaron embarazadas de sus violadores. 6 de ellas LLEGARON CON SUS EMBARAZOS A TERMINO. Hubo hombres que relataron haber sido abusados sexualmente. Hubo numerosas denuncias de violaciones colectivas (a hombres y mujeres). En ciertos casos, las violaciones se produjeron ante familiares.
De los denunciantes, 1.000 tenían menos de 18 años al ser detenidos, acusados de terrorismo y subversión. 766 tenían entre 16 y 17 años. 226, entre 13 y 15. 88 tenían 12 años o menos. 87 permanecieron en recintos secretos donde sus padres eran torturados. 11 niños compartieron cautiverio con sus madres.
IV
Con lo antes descrito, y que es sólo un barniz de la realidad, es inaceptable que los obispos de la Iglesia Católica soliciten indulto para violadores de derechos humanos, porque hasta ahora no ha habido verdad, ni justicia ni reparación. Además, se ha reiterado que el derecho internacional estipula que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Y la legislación nacional está subordinada al derecho internacional. Por tanto, la transgresión de la legislación internacional convertiría a la Conferencia Episcopal en cómplice de delitos y en aval de un genocidio, que es lo que efectivamente sucedió en Chile bajo la dictadura militar.
La impunidad de quienes cometieron crímenes es el medio para que la historia se repita.
El Dios cristiano es el restaurador de la justicia a favor de los marginados, a quienes la sociedad niega el acceso a la justicia que merecen. La Iglesia, para continuar el ministerio de Cristo y dar testimonio del Dios de la vida, debe apoyar todo lo que ayude a la verdad y a la justicia, y oponerse a la mentira y a la impunidad que propician las fuerzas del egoísmo, la prepotencia y la crueldad, porque esas son las fuerzas del pecado y de la muerte que desgarran la convivencia humana.
COMITÉ OSCAR ROMERO-CHILE.
Adhiere: Observatorio de la Escuela de las Américas
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